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PrensaCOMUNICADOS

08 Julio de 2020

ABC DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA ANSV REGLAMENTARÁN LOS CRITERIOS TÉCNICOS EN SEGURIDAD VIAL PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE FOTODETECCIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO

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El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicaron el proyecto de resolución “Por medio del cual se reglamentan los criterios técnicos en seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito- SAST”, el cual tiene como fin que estas tecnologías sean utilizadas, exclusivamente, para mejorar las condiciones de seguridad vial del país y que los ciudadanos estén mejor informados con relación a la debida operación de los equipos.

Para una mejor comprensión, se indican a continuación algunos aspectos fundamentales del proyecto de resolución:

¿Para qué se publica el proyecto de resolución?

La publicación se realiza para conocer las opiniones, sugerencias o propuestas que tengan los ciudadanos frente al proyecto, e incorporar los ajustes a que haya lugar, antes de ser adoptada la nueva norma.

¿Una vez realizada la consulta pública cuál es el paso por seguir?

Después de la consulta pública se estudian y analizan las observaciones de los diferentes interesados y se hacen los ajustes a que haya lugar. Posteriormente, se remite el proyecto de resolución al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para que emita concepto sobre la posibilidad de adoptar la norma y en caso de obtener concepto positivo, se procede a su suscripción por parte de la ANSV y el Ministerio de Transporte.

¿Qué modificaciones contiene este proyecto de resolución?

El proyecto de resolución deroga la Resolución 718 de 2018, que reglamentaba el tema e incluye como principales modificaciones las siguientes:

A partir del 20 de agosto de 2020 la ANSV será la entidad competente para autorizar la instalación de equipos de fotodetección, reduciendo los tiempos de este trámite.

Las autoridades de tránsito deberán presentar su solicitud de autorización a la ANSV a través del sistema de información que esta entidad disponga para tal fin.

La autoridad de tránsito debe sustentar la solicitud, a partir de los soportes que evidencien los beneficios esperados con la instalación de estos equipos, en materia de seguridad vial, de acuerdo con los criterios allí establecidos.

Se exigirá la instalación de señales visibles, que adviertan a los ciudadanos la presencia de equipos de fotodetección en los respectivos tramos viales.

Los ciudadanos contarán con un portal donde podrán consultar la documentación que soporta la autorización de operación de los equipos de fotodetección y la vigencia de la documentación de calibración.

¿Cuál es el objetivo de los equipos de fotodetección o SAST?

El propósito de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito (SAST) es la prevención de conductas que pueden ser inapropiadas para la movilidad y la seguridad vial y evitar comportamientos inseguros en la vía.

Por tal razón es fundamental que las cámaras estén debidamente señalizadas para informar a los conductores que existe una condición de riesgo especial en el sector, lo cual, le permitirá al usuario autoevaluar si está atendiendo las normas de tránsito y abstenerse de ejercer conductas riesgosas para ellos mismos y otros actores viales.

¿Quiénes en Colombia pueden solicitar la instalación de sistemas de fotodetección?

Los organismos de tránsito dentro de su jurisdicción, así como la Dirección de Tránsito y Transporte en las vías nacionales fuera del perímetro urbano.

¿Ante qué autoridad se deberá solicitar la instalación de sistemas de fotodetección?

A partir del 20 de agosto de 2020 las autoridades competentes deberán solicitar la aprobación de instalación de sistemas de fotodetección a la ANSV a través del sistema de información dispuesto para tal fin.

¿Qué requisitos debe suministrar el solicitante ante la ANSV?

Las autoridades de tránsito deben presentar una solicitud a la ANSV, quien se encargará de analizarla técnicamente, de manera que la instalación y operación de equipos de fotodetección ayude a proteger la vida y la integridad de los actores viales.

La autoridad de tránsito debe sustentar la solicitud mediante un análisis histórico de siniestralidad, prevención de siniestros viales o comportamiento de infracciones, y anexar el equipo de trabajo, el plan de seguridad vial, el archivo geográfico con la información de la señalización asociada al sistema de fotodetección, la localización del equipo, las características del tránsito de la zona de influencia y las características técnicas del sistema de fotodetección.

¿En cuánto tiempo un organismo de tránsito recibirá respuesta?

Según lo establecido en el literal b del artículo 6 del proyecto de Resolución, «Procedimiento para la autorización de instalación de los sistemas de fotodetección», el plazo para la autorización será de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de registro arrojada por el sistema de información para la autorización o rechazo de la solicitud.

¿La autorización para la instalación de los sistemas de fotodetección tiene alguna vigencia?

El artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019 estableció una vigencia de la autorización para la instalación de los sistemas de fotodetección de 5 años a partir de su otorgamiento. Cumplido ese periodo las autoridades de tránsito deben actualizar su autorización.

¿Mediante los sistemas de fotodetección o cámaras salva vidas se ponen multas o comparendos?

Las cámaras de fotodetección NO ponen multas o comparendos. Las cámaras toman evidencia de presuntas infracciones de tránsito para que las autoridades competentes evalúen la imposición o no de una multa, dado que como autoridad son responsables del procedimiento contravencional.

¿Cuántos sistemas de fotodetección están funcionando actualmente en el país?

Entre el 10 de diciembre de 2018 y el 03 de julio de 2020, el Ministerio de Transporte ha autorizado 512 puntos de instalación de sistemas de fotodetección los cuales pueden ser consultados por todos los ciudadanos en el portal https://tramitefoto.mintransporte.gov.co/ubicaciones-aprobadas/.

En total, se han radicado ante el Ministerio del Transporte solicitudes para la aprobación de 878 sistemas de fotodetección, de las cuales 512 (58%) han sido aprobado, 340 (39%) se han rechazado y el 26 (3%) continúan en análisis.

¿Quién se encarga de verificar que los sistemas de fotodetección estén operando legalmente?

La Superintendencia de Transporte es la responsable de hacer seguimiento y verificación al proceso e imponer las sanciones a que haya lugar, cuando los organismos de tránsito incumplan los criterios bajo los cuales se aprobó su operación.

¿Qué posición tiene la ANSV frente al fallo C-038 de 2020 de la Corte Constitucional?

En primer lugar es importante tener claro el alcance del fallo. La Corte declara inexequible el Parágrafo 1 del artículo 8 Ley 1843 de 2017, el cual consagraba que en los procesos de detección de infracciones de tránsito, en los cuales se utilizó ayudas tecnológicas, el “propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor”. En dicho fallo, se realizan, entre otras, las siguientes claridades:

La declaratoria de inexequibilidad "no implica que este sistema de detección de infracciones sea inconstitucional y, por lo tanto, puede seguir en funcionamiento."
Inexequible, dado que la "solidaridad" entre el propietario del vehículo y el conductor vulnera la presunción de inocencia, porque no exige que la autoridad de tránsito demuestre que la infracción se cometió de manera culpable.
La solidaridad puede ser aplicable para el pago de las multas, por hechos que no impliquen el acto de conducir, por ejemplo, no contar con la revisión técnico-mecánica vigente.
Existe reserva de ley en lo que tiene que ver con las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito, por lo cual es el Congreso de la República, en desarrollo de sus funciones propias, a quien le corresponde definir de manera precisa y suficiente, los elementos de la responsabilidad sancionatoria y la forma de responsabilidad solidaria que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, puede ser consagrada en estos casos. “La regulación en la materia que expida el Congreso de la República podría prever una responsabilidad solidaria para el pago de las multas, por hechos total o parcialmente imputables al propietario del vehículo, que no impliquen el acto de conducir y se refieran al estado de cuidado físico-mecánico del vehículo (luces, frenos, llantas, etc.) o al cumplimiento de obligaciones jurídicas, tales como la adquisición de seguros o la realización de las revisiones técnico-mecánicas. Tales obligaciones recaen tanto sobre el conductor, como sobre el propietario del vehículo, incluso si éste es una persona jurídica, no conduce o no dispone de la licencia para conducir.”

Dicho lo anterior, se precisa que el Gobierno Nacional es muy respetuoso de las disposiciones de la honorable Corte Constitucional, y las acata a cabalidad, pero reconoce que ante la imposibilidad no solo de capturar la imagen del conductor del vehículo con total precisión, sino también de asociar dicha imagen con una base de datos nacional de identificación facial, dado que ésta no existe en el país, existe un riesgo de disminuición de la eficacia del uso de estas ayudas en los procesos sancionatorios.

Dado que la Corte Constitucional ordenó que el sistema de fotodetección debe identificar quién comete la infracción ¿las cámaras van a poder contar con estas características?

Si se mira la parte resolutiva del fallo, no se encuentra dicha orden. La Corte no exige el uso de una tecnología en particular para los equipos de fotodetección que operan en el país, como serían equipos con reconocimiento facial, lo que dispone es la inexequibilidad de la norma que establecía la solidaridad en el pago de la multa entre el propietario y el conductor del vehículo.

Se precisa que en los países que son referente mundial en materia de fotodetección y seguridad vial, como Suecia, Alemania, Australia, Francia, España o Finlandia, no se utiliza el reconocimiento facial de conductores.

¿Cómo se afecta el poder de persuasión de las ayudas tecnológicas ante el fallo de la Corte, se vuelve un saludo a la bandera la existencia de estos equipos en las vías?

El mismo fallo reconoce que las ayudas tecnológicas para la detección de las presuntas infracciones al tránsito pueden seguir funcionando; sin embargo, se ha generado desinformación en la ciudadanía al punto que se ha llegado a considerar que dichas ayudas al ejercicio de control al tránsito actualmente no tienen ningún efecto sancionatorio.

Al respecto, es importante aclarar que la “foto” de la placa del vehiculo con el cual se cometió la presunta infracción, obtenida por estos dispositivos, es una prueba dentro de un proceso contravencional, que permite vincular al propietario del respectivo vehículo y en dicha instancia de debatirá su culpabilidad. Entonces, la existencia de estos equipos en la via si tiene un efecto práctico en la actualidad y es la vinculación al proceso del presunto responsable y es, en esta instancia, donde de debatirá su culpabilidad.

No obstante esta claridad, dada la desinformación actual, se puede generar un menor interés de los actores viales por autorregularse, en primer lugar, porque podrían considerar que el uso de estos dispositivos es “ilegal” y en segundo lugar porque se podría interpretar que, para evadir la sanción, sería suficiente manifestar que no se venía conduciendo el vehículo al momento de la infracción, siendo imposible para la autoridad de tránsito, comprobar lo contrario, a través de las ayudas tecnológicas, pues en el país no se cuenta con dispositivos de identificación facial.

Esta interpretación podría dejar de lado que, en todo caso, el vinculado al proceso debe informar quién veía conduciendo su vehículo para que pueda cerrarse su expediente e iniciarse uno contra dicho conductor, lo cual tambien tiene un efecto práctico.

En todo caso, se reconoce que es posible que esta decision tenga un impacto para la seguridad vial, toda vez que ha disminuido el interés por utilizar este tipo de ayudas por parte de los organismos de tránsito.

Teniendo en cuenta que el uso de ayudas tecnológicas de infracciones al tránsito es una experiencia exitosa empleada en el mundo en materia de reducción de siniestros viales, es el caso de países como Suecia, Australia, Francia y Reino Unido en donde lograron reducir las víctimas fatales en más del 30% en los primeros tres años de implementadas, lo que nos indica que dejar de utilizarla significa un debilitamiento del control al cumplimiento de las normas de tránsito, menos incentivos para que los ciudadanos se autorregulen y en consecuencia incremento en el riesgo de ocurrencia de siniestros viales.

¿Qué salidas se podrían plantear para darle un uso apropiado a este instrumento?

La Corte Constitucional reconoce que es jurídicamente viable que la solidaridad entre el propietario del vehículo y el conductor pueda existir en algunos casos, e insta al Congreso a regular este tema.

Entre los casos señalados, se encuentran las conductas que no estén asociadas al acto propio de la conducción, como es el caso de contar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito “SOAT” o con el certificado de haber efectuado la revisión técnico-mecánica al vehículo.

Por lo anterior, la ANSV se encuentra trabajando con el Congreso de la República, con el fin de construir un proyecto de ley que permita superar los riesgos identificados anteriormente, acogiendo los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.

¿Cuál ha sido la experiencia en otros países en el uso de ayudas tecnológicas frente a la responsabilidad del propietario y el conductor del vehículo, en la detección de infracciones de tránsito?

Las ayudas tecnológicas en la detección de presuntas infracciones de tránsito son una herramienta común en un alto número de países del mundo y frente al tema de la responsabilidad conductor y propietario del vehículo, se resalta lo siguiente:

España: el propietario tiene la posibilidad de responder a la administración manifestando que no era el conductor al momento de la infracción, e incorporando la información de la persona que tenía el control del carro en el momento de la detección.

Reino Unido: el propietario del vehículo debe dar certeza de la información del conductor infractor, puesto que la emisión de información incierta tiene consecuencias penales.

Australia: el propietario puede exonerarse de responsabilidad si declara que no conducía el vehículo en el momento de la infracción y suministra la información del conductor.

Francia: el propietario puede solicitar la exoneración de la multa si manifiesta que el vehículo le fue hurtado al momento de la detección de la infracción o que el vehículo era conducido por otra persona y brinda su información.

Estados Unidos: el propietario del vehículo tiene la obligación por ley de pagar la multa a menos que identifique plenamente al conductor que manejaba el vehículo en el momento de la detección de la infracción.

Chile: tiene priorización la protección del derecho a la privacidad durante el uso de los equipos de fiscalización electrónica.

Costa Rica: el propietario del vehículo como responsable, dado que en términos de materia civil aplica el principio de la responsabilidad indirecta.

¿En el proyecto se regula el tema de la responsabilidad del propietario y el conductor del vehículo?

Es importante mencionar que la publicación del proyecto de Resolución, obedece al cumplimiento del artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019, el cual establece que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte adoptarán la respectiva reglamentación sobre los criterios que verificará la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la hora de autorizar la instalación de ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones de tránsito, es decir, se trata de la reglamentación de un trámite y no pretende definir los aspectos asociados a las sanciones, toda vez que éstos tienen reserva legal.

En ese orden de ideas, el proyecto busca dar claridad sobre los aspectos que deberán tenerse en cuenta para instalar este tipo de equipos en el pais, es decir, aspectos previos a la imposición de comparendo. Los temas relacionados con el proceso posterior, es decir, la obligación que se genera por dicha imposición, la solidaridad entre el propietario y el conductor de un vehículo detectado en el incumplimiento a una norma de tránsito, las formas de identificación del sujeto pasivo, debe ser legislada por el Congreso de la República, tal como lo establece la Corte Constitucional en el fallo C-038 de 2020.